Posibles cambios en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
El lavado de activos es un delito que consiste en intentar ocultar o disimular el origen ilegal de fondos o bienes obtenidos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción, contrabando o fraude fiscal, haciendo que estos recursos parezcan legítimos. Muchas veces, no es necesario cometer el delito para verse implicado y alcanzado por sus consecuencias, que pueden ser de distinta índole, desde financieras y reputacionales hasta incluso penales.
El nuevo gobierno liderado por Yamandú Orsi ha anunciado recientemente su interés en poner especial atención en el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si bien el gobierno entiende que la estrategia nacional vigente es válida en términos generales, la misma está en revisión y se proyectan algunos cambios que se espera sean aprobados a la brevedad.
Entre ellos, se destacan algunos como modificar el umbral de las transacciones del dinero en efectivo, revisar la “debida diligencia simplificada”, facilitar el trabajo para los sujetos obligados de control (financieros y no financieros), desarrollar mecanismos de supervisión y control que tengan mayor impacto y menor tolerancia en los plazos para presentar información, ampliarla cantidad de sectores o tipo de organizaciones identificadas como fuentes potenciales de riesgo, entre otros.
