Ecovis en Peru
Brindamos servicios en las áreas de impuestos, contabilidad, auditoría, consultoría, inventarios y planillas.

Tribunal fiscal y exceso de facultades

05.09.2017

A propósito de la resolución N° 05359-3-2017 y los pagos a cuenta del impuesto a la renta

Gary Salazar Paz1

En principio, recordemos que con fecha 30 de octubre de 2015, a través del Diario Oficial “El Peruano” se publicó la Casación recaída en el expediente Nro. 4392-2013 (en lo sucesivo, “la Casación”), expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Dicho pronunciamiento generó mucha polémica en torno a la naturaleza jurídica y esencia de los anticipos de impuestos, específicamente, del pago a cuenta del Impuesto a la Renta2 (IR).

En efecto, la controversia se centró en determinar si como consecuencia de la variación de la determinación del coeficiente del pago a cuenta del IR por efecto de la presentación de una rectificatoria de la declaración anual de dicho impuesto en el año 2001, se generaría la aplicación de intereses moratorios por los conceptos no pagados debido a la aplicación de un nuevo coeficiente en el año 2002.

Al respecto, la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal consideraron que en vista de que el contribuyente omitió cancelar los pagos a cuenta como correspondía, puesto que por la modificación del coeficiente -producto de la declaración jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio 2001, rectificada-, éste no habría cumplido con lo estipulado en el artículo 85 de la Ley del IR.

Por su parte, la Corte Suprema utilizó el método de interpretación literal para dotar de sentido al numeral a) del artículo 85 de la Ley del IR. Para ello, determinó la naturaleza de los abonos con carácter de pagos a cuenta del IR, concluyendo que consisten en “prestaciones mensuales que por mandato de la ley se deben cumplir”. Ahora bien, se menciona que el tratarse de una prestación dineraria, además del hecho de que sea de configuración legal, no determina de manera indiscutible que califique como un tributo.

De esta manera, la Corte Suprema concluye que la aplicación de intereses moratorios ocurre cuando los pagos a cuenta no se paguen de manera oportuna, determinados en base a elementos existentes en la oportunidad de la cancelación del pago a cuenta, sin que ello signifique que generará intereses moratorios cuando, de manera posterior, se rectifique la obligación principal.

Ahora bien, nótese que con posterioridad a este precedente judicial, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado con una posición diferente a la sostenida por la Corte Suprema. En efecto, a criterio del referido órgano administrativo, si el coeficiente se modificaba por cualquier razón, resultando de ello omisiones a los pagos a cuenta del IR, los intereses moratorios sí resultaban exigibles. En esta línea, el 8 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Resolución de Observancia Obligatoria N° 05359-3-2017, a través de la cual el Tribunal Fiscal termina por sentar su posición al margen de lo determinado por la Corte Suprema.

Nótese que con este precedente, el citado órgano no deja dudas de su rechazo a la interpretación del Poder Judicial plasmada en la Casación.

Si bien no hemos ubicado alguna jurisprudencia donde el Tribunal mencione expresamente que las autoridades administrativas también debieran regirse por lo dispuesto en un precedente vinculante de la Corte Suprema, existen resoluciones donde el referido órgano ha señalado que en casos concretos no aplicaría una decisión judicial por no tratarse la misma de “un precedente vinculante”. Del lado de la Administración Tributaria, a través del Informe N° 73-2014-SUNAT-5D1003, la SUNAT analiza el precedente vinculante establecido en la Sentencia de Casación Nro. 45-20124, y deja en claro su posición respecto de que la no adopción de un precedente vinculante resulta contrario a ley; o, por lo menos, ello fue lo dicho en el referido Informe.

Igualmente, debemos mencionar que la posición del Tribunal Fiscal podrá ser materia de impugnación en el Poder Judicial, donde la Corte Suprema debería hacer prevalecer su criterio y rechazar el argumento del órgano administrativo.


1 Contador Público y Abogado. Maestría en Administración de Empresas; Postgrado en Tributación y Finanzas; Postgrado en Tributación Internacional y Precios de Transferencia por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Asociado del IPIDET y del IFA – Grupo Peruano. Socio Director de ECOVIS PERÚ Salazar & Asociados.

2 Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF.

3 Ver en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2014/informes/2014-INF-073-5D1000.pdf.

4 A mayor abundamiento, la Sentencia de Casación bajo comentario estableció como doctrina jurisprudencial que “(…) los vehículos incautados que quedan bajo la custodia de la Administración Aduanera por disposición del Fiscal confirmado por el Juez de la Investigación Preparatoria, debe ser así hasta que se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme que ordene su decomiso o disponga su devolución; siendo el Juez el único facultado para examinar y disponer de la devolución del bien; de acuerdo a cada caso en concreto”.